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Resalta sentencia TC refuerza principios de soberanía de la RD

5 Oct

República Dominicana había firmado en enero del 2014 un acuerdo por el que se otorgaban garantías y privilegios al personal militar estadounidense temporal en el país que lleva a cabo tareas humanitarias o de cooperación.
Esa medida buscaba equiparar los vigentes privilegios de inmunidad otorgados al personal administrativo y técnico de una misión diplomática.Además permitía que el personal de Estados Unidos pudiera entrar y salir de la República Dominicana con identificación emitida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y con órdenes de viaje individuales o de movimiento colectivo.

El tratado firmado por el embajador en el país, James Brewster, y el ministro dominicano de Asuntos Exteriores, Andrés Navarro, también establecía que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el personal estadounidense no estarían sujetos al pago de ningún impuesto o cargo similar estipulado en la República Dominicana.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional dicho acuerdo .Consideró el TC que ” el acuerdo estudiado “podría poner en riesgo la integridad del Estado dominicano, pues en él se da cabida a condiciones imprecisas e ilimitadas que, eventualmente, podrían contradecir el ordenamiento constitucional y la seguridad nacional”.
Agregó el TC “resulta previsible el riesgo para la soberanía y la seguridad de la nación dominicana y, consecuentemente, para el ordenamiento constitucional que tutela esos y otros principios, cuyo resguardo forma parte de las atribuciones fundamentales del Tribunal Constitucional”.
Sostuvo el TC que “se podrían presentar, entre otras, en la posibilidad de que se introduzcan, usen y porten armas en el territorio nacional, “sin que ello responda a intereses nacionales derivados de la cooperación o asistencia militar en objetivos estratégicos -como la lucha contra el terrorismo, la asistencia contra el narcotráfico, por ejemplo-“.

Manolo Pichardo

Manolo Pichardo

Al tribunal también le “llama la atención” la exención que el acuerdo propone a favor de las embarcaciones y aeronaves estadounidenses, a los fines de que puedan transitar sin ser revisadas o inspeccionadas por las autoridades nacionales.

Todo ello, apunta, “contraría la independencia y autonomía que tienen las Fuerzas Armadas de la República Dominicana para velar por la seguridad e interés de la Nación”.
Esa decisión del TC ha sido comentada y valorada por Manolo Pichardo, un ex presidente del Parlamento Centroamericano-PARLACEM- y actual aspirante a la nominación senatorial del Distrito Nacional por el PLD.

Manolo Pichardo, consideró que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucional el acuerdo firmado el pasado 20 de enero en el que el país otorgaba las inmunidades y privilegios de que gozan el personal diplomáticos a militares y contratistas estadounidenses, se inscribe en la actitud de ese alto tribunal de actuar como centinela jurídico de la soberanía nacional y la Constitución de la República.

Pichardo definió como vergonzoso el acuerdo que no daba los mismos privilegios e inmunidades a funcionarios civiles y militares dominicanos, bajo el entendido de que se aleja del principio de la reciprocidad diplomática, establecido en el derecho internacional público, que busca resguardar la soberanía de los Estados.

“La firma de este pacto nos recuerda el promovido por el presidente estadounidense George Bush en el que se buscaba que los países firmaran un proyecto de inmunidad para soldados y civiles estadounidenses ante la Corte Penal internacional para evitar juicios por crímenes de guerra, prácticas genocidas y crímenes contra la Humanidad, lo que le generó dificultades con sus propios aliados”, manifestó.

Advirtió además que la sociedad debe poner atención al tratado de extradición que se discute en el Congreso Nacional ya que se denuncia que adolece de la misma debilidad que el convenio que declaró como inconstitucional el Tribunal Constitucional.

“Hay gente que confunde diplomacia con sumisión, pero la diplomacia tiene sus lenguajes, los que se pueden expresar con palabras y con acciones que siempre deben ir dirigidas a la defensa del interés nacional, como lo expresa el artículo 26 de la Constitución de la República en su acápite 4, donde establece la igualdad de condiciones con otros Estados, cuestión que debe ser así, porque cuando se pierde la dignidad la existencia se convierte en un estorbo”, afirmó.

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Propuesta para la solución del problema migratorio en Rep Dom

24 Oct

¿Desnacionalización: 210,000, medio millón o ninguno?

Una propuesta jurídica para resolver el problema

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Por: Juan Manuel Rosario

 

En el debate en torno a la política migratoria sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad en la República Dominicana se han expresado todo tipo de opiniones, que ameritan algunas reflexiones y respuestas, acorde con la magnitud del tema y la problemática. Es necesario manifestar algunas consideraciones con el propósito de orientar y aclarar cosas que podrían contribuir al entendimiento y en algunos casos a la solución de aparentes o reales contradicciones.

Lo primero que hay que establecer es las distintas maneras en que se adquiere la nacionalidad dominicana: todos los hijos de padre y madre dominicanos que nacieren dentro y fuera del territorio de la República Dominicana tienen la nacionalidad dominicana; de igual manera, los extranjeros que hayan obtenido una residencia emitida por la Dirección General de Migración, si tuvieren hijos en el territorio de la República, éstos adquirirían la nacionalidad dominicana, porque el que tiene residencia no está de tránsito; también, si un dominicano o una dominicana tiene un hijo con un extranjero que se encontrare ilegal, o en condición de tránsito, ese niño o niña es dominicano, por el lado del padre o la madre de nacionalidad dominicana; asimismo, el hijo que naciere en el territorio dominicano, de una pareja compuesta por un ilegal y un extranjero residente tiene la nacionalidad dominicana por el hecho de que uno de los dos padres es residente, y como ya hemos dicho, el residente no está de tránsito.

La persona extranjera que contraiga matrimonio con un dominicano puede solicitar la nacionalidad dominicana, que le corresponde automáticamente a raíz de tal solicitud, siendo ésta otra forma de obtenerla. Otra manera de adquirir la nacionalidad dominicana es por naturalización, todo extranjero que se naturalice conforme a las leyes dominicanas es dominicano, y los hijos de éstos también lo serán. Eso es lo que establecen nuestras leyes.  El asunto no es que se esté o no de acuerdo con eso, es que así son nuestras leyes.

En la República Dominicana, en el período 2000-2012 (No están incluidas las residencias emitidas antes de ese período), la Dirección General de Migración otorgó algo más de 49,000 residencias permanentes a extranjeros, eso significa que los hijos de esos extranjeros que nacieren en el territorio de la República Dominicana son dominicanos; dentro de esos  más de 49,000 residencias permanentes, a los extranjeros procedentes de Estados Unidos se le otorgó 7,900 residencias; a los procedentes de Haití  4,912; a los de España 4,557; a los de Cuba, 4,181; China 3,728,… por solo hacer referencia a los extranjeros  que mayor cantidad de residencia han recibido.  Aquí es bueno precisar que Haití es el segundo país que más residencias permanentes recibió en el periodo 2000-2012, demostrando que la política migratoria de la República Dominicana no ha mostrado ningún viso de discriminación contra los ciudadanos procedentes de Haití. Para entender la magnitud de esa cifra pongamos como caso hipotético que cada uno de esos residentes haya tenido dos hijos nacidos en el territorio dominicano, lo que implicaría que aproximadamente 150 mil personas descendientes de extranjeros le corresponde la nacionalidad dominicana.

Se ha hablado muchas mentiras con relación a la  cantidad  de personas que supuestamente serían despojadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la nacionalidad dominicana; y una de las informaciones más irresponsables es la publicada recientemente por un medio europeo que habla de que la referida sentencia va a desnacionalizar a ¡medio millón de personas! ¡Increíble la irresponsabilidad comunicacional!

En otras ocasiones me he referido a la Encuesta sobre Migración que anda circulando en la República Dominicana y que ha servido de soporte a la campaña de calumnia contra el país, donde se establece que en el país hay 458,233 extranjeros de origen haitiano, y que de esa cantidad hay 424,299 que poseen actas de nacimiento del país de origen, lo que quiere decir que su país lo reconoce como sus nacionales; además, esa encuesta establece que la población extranjera en la República Dominicana tiene 244,151 hijos nacidos en el territorio de la República; de esa cantidad de hijos, la misma encuesta asegura que hay más de 62,000 que tienen acta de nacimiento del país de origen de los padres, lo que significa que poseen la nacionalidad de sus padres; de los 181,000 hijos restantes, hay 135,052 que poseen acta de nacimiento dominicana, ¿No pueden esas 135,052 personas ser hijas de los más de 50,000 extranjeros a los que se ha otorgado residencia permanente en la República Dominicana? Si son hijos de los extranjeros que han obtenido residencia permanente a través de la Dirección General de Migración, entonces esos hijos tienen la nacionalidad dominicana; y es casi seguro que esa es la realidad, salvo aquellos casos que han obtenido de manera fraudulenta documentación de identidad en República Dominicana.

Los 62,000 hijos de extranjeros que tienen acta de nacimiento del país de origen de los padres, y que por tanto tienen la nacionalidad de ellos, más los 135,052 que tienen acta de nacimiento dominicana suman aproximadamente 198,000 personas sin problemas mayores en asuntos de nacionalidad. Esto demuestra que de los 244,151 hijos de extranjeros que han nacido en la República Dominicana, sólo existen alrededor de 46,000, según la referida encuesta, que no tienen documentación; y esos 46,000 sin documentación, con solo dotarlos de una constancia de nacimiento de color rosado, conforme a lo que establecen las leyes migratorias de la República Dominicana, para que regularicen su situación, en el consulado de origen de sus padres, resolverían la incertidumbre relativa a su documentación.

Lo que acabo de expresar es una evidencia clara de que no es tal el supuesto problema de nacionalidad de las 244,151 personas nacidas en República Dominicana hijas de extranjeros; por esa razón ninguno de los que hablan del monto exorbitante de las personas que, según ellos, perderían la nacionalidad no han presentado ninguna prueba sobre tal afirmación. Sería bueno y saludable que aquellos que alegan eso, incluyendo representantes de organismos internacionales en el país, o medios de comunicación extranjeros, hagan un listado de los 210 mil, o del medio millón de personas que supuestamente son afectados por la sentencia 168-13, y la presenten a la Junta Central Electoral para su estudio. Es el mejor aporte que darían a la solución de lo que ellos han llamado el problema migratorio dominicano.

Entiendo que la magnitud del problema planteado por quienes quieren descalificar la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional e irrespetar la institucionalidad dominicana es un argumento con fines publicitarios para impactar e impresionar a la opinión pública nacional e internacional, sin importarle en lo más mínimo las consecuencias que eso pueda tener para el país.

Si algunas personas en concreto presentan dificultades en su estatus migratorio en la República Dominicana, yo recomiendo una alternativa jurídica, entre otras posibles: Las personas, hijas de extranjeros que ingresaron de manera ilegal o que entraron en condición de tránsito  y se le venció el tiempo legal para estar en el territorio nacional en el período 1960-1995,  que hayan sido provistos de un acta de nacimiento amparada en la ley número 659 del 17 de julio de 1944, deben ser dotados de una residencia emitida por la Dirección General de Migración, conforme al Plan Nacional de Regularización establecido en el artículo 151 de la Ley 285-04 sobre Migración, y que mediante la modificación de la ley 1683 de 1948 sobre naturalización se le dé a esas personas la oportunidad privilegiada de naturalizarse a la mayor brevedad posible, mediante decreto del presidente de la República.

Asimismo, para las personas hijas de extranjeros ilegales que nacieron antes de 1960, se debe modificar la ley 1683 del 1948, en su artículo 18, para que se le otorgue facultad transitoria al presidente de la República Dominicana, para que mediante decreto conceda la nacionalidad a esos hijos de extranjeros ilegales, luego de ellos ser provistos de una Documentación Especial conforme al Plan Nacional de Regularización establecido en el artículo 151 de la Ley 285-04 sobre Migración.

Ya la República Dominicana conoce un precedente en materia de tomar medidas en torno a las naturalizaciones concediéndole poder al presidente de la República para evaluar situaciones concretas de naturalizados privilegiados. En el año 1966, mediante la ley 46 se modificó la ley 1683 sobre naturalización del año 1948, que revocaba todas las naturalizaciones privilegiadas que habían sido concedidas por el Poder Ejecutivo desde el año 1948 hasta el 1966; en esa ocasión se le permitió al presidente evaluar los expedientes completos de esos naturalizados para establecer si alguno de ellos se merecían, conforme al derecho, mantener la nacionalidad dominicana por naturalización privilegiada.

De nuevo podemos hacer modificaciones a la referida ley para llevar a cabo las acciones que acabo de plantear, modificando concretamente el artículo 18, entre otros, que permitan  especificar los propósitos para los fines buscados. Dentro de las condiciones indispensables como requisito para calificar en esta propuesta es que el interesado haya obtenido su documentación de buena fe, pública y sin ningún tipo de acción fraudulenta; además debe presentar su caso dentro del año a partir de promulgada la ley hecha para tales fines, y que finalizado dicho año termine el tiempo para ser beneficiado por la misma.

Esto lo planteo porque he visto una cantidad inmensa de opiniones carente de la más elemental lógica jurídica, muchas de ellas orientadas a trastornar el orden constitucional e institucional de la República Dominicana, en desmedro de la soberanía nacional, y en algunos casos dando la impresión, incluso, de estar confabulados con intereses y sectores extranjeros que no esconden la intención de pisotear y mancillar la soberanía de la República Dominicana.  

En esto lo más importante es que todo se haga conforme a las normas jurídicas de la República Dominicana, respetando lo que dicen nuestras leyes; porque el aspecto fundamental de la situación en discusión es que la nacionalidad dominicana debe ser obtenida conforme a lo que establece  la Constitución y leyes dominicanas, y no por imposición de ningún tipo, proceda de donde proceda.

@JuanMRosario

juanmanuelrosario@yahoo.com

(Juan Manuel Rosario fue asesor del Congreso para la elaboración de la Ley 285-04 sobre Migración, hizo una propuesta del Reglamento de aplicación de la ley de Migración y participó en la redacción del borrador del Plan Nacional de Regularización para extranjeros ilegales)

 

Tras reunión del CNM, el Gobierno acata sentencia del Tribunal Constitucional

23 Oct

GOBIERNO
El gobierno dominicano acató la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y reiteró su compromiso con el respeto a la constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.

La posición oficial fue dada a conocer en una lectura de documento realizada por el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, durante una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, del Palacio Nacional.

Rodríguez Marchena leyó la declaración en presencia del ministro Gustavo Montalvo; del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y de los miembros del Consejo Nacional de Migración, José Ricardo Taveras, director General de Migración; Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien lo preside.

La convocatoria a los periodistas se produjo tras finalizar la sesión del Consejo Nacional de Migración, llevada a cabo en el Salón Privado del presidente Danilo Medina, quien estuvo presente en la misma.

Además de los funcionarios mencionados asistieron a la sesión los demás integrantes del Consejo, los ministros de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez; de Trabajo, Maritza Hernández; de Turismo, Francisco Javier García; de Salud Pública, Freddy Hidalgo y de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, y el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.

En el documento, el Consejo Nacional de Migración reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.

“Paralelamente, el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia. Como ha expresado el Presidente Danilo Medina por el fallo “aquí hay un problema humano que tenemos que resolver”, manifiesta el documento.

Indica que ante estas circunstancias, el Estado trabaja para encontrar una respuesta coherente y humanitaria, motivo por el cual, y después de un proceso de consultas, fue convocado el Consejo Nacional de Migración, para atender los aspectos de la decisión que le corresponden.

Como resultado de la sesión, el organismo decidió que en un plazo de 30 días, la Junta Central Electoral rinda un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como irregulares.

Del mismo modo, acordó que el consejo Nacional de Migración elabore, en un plazo de no más de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros y que en lo inmediato se procederá a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.

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