Moda asesina: deslumbrar aviones en aterrizaje o despegue con rayo láser

10 Feb

Muchos dominicanos se dejan arrastrar por el “snobismo”, modas, tendencias, costumbres y modelos criminales que se practican en sociedades extranjeras.
Ahora está en uso una modalidad que su fin es provocar una tragedia más que una diversión. 
¿Qué puede buscar una persona que se dedique a apuntar a la cabina del piloto de un avión que intente despegar o aterrizar en un aeropuerto?, pues provocar un accidente aéreo y matar personas.
Algunos han sido detectados y apresados, pero la práctica continúa, antisociales que se dedican en el Aeropuerto del Cibao a apuntar con rayo láser a los aviones que despegan o aterrizan en vuelos nocturnos.
Un piloto que en cabina, sea sorprendido por una luz intensa de láser, puede perder la concentración, el control, al momento de despegar o aterrizar de noche y accidentar el avión, exponiendo a todos.
El caso es tan dramático que el  presidente del Centro Aeronáutico Tripulantes, licenciado Alfredo Hernández Paz, reclama tipificar el uso de rayos láser apuntados a los aviones como intento de asesinato, debido a que ese acto pone en peligro la seguridad de la aeronave y a sus ocupantes.
 

Alfredo Hernández Paz

“Es un acto sumamente irresponsable, que no se debe minimizar, por lo que exigimos duras sanciones contra aquellas personas que se dedican a apuntar láser a los aviones”, dijo enérgico Hernández Paz, al tiempo de explicar que las fases más peligrosas de una aeronave son las de despegue y aterrizaje y aseguró que, “ningún tripulante de cabina puede entrar a  la cabina de los pilotos en esas etapas, pues los mismos están completamente enfocados en poner a volar  o aterrizar el avión”.
El licenciado Hernández, explica que los efectos causados por los rayos láser, los cuales no son de color rojo, como los utilizados para señalar o apuntar, sino más bien de color verde y tienen mucha más potencia y cuando chocan con el cristal se expanden, dejando ciegos a los pilotos, momentáneamente e incluso puede causar daños permanentes en sus retinas, “en la fase de despegue o aterrizaje, que el piloto quede desconcertado es algo sumamente peligroso”.

“Hasta el momento no existe ningún procedimiento para estos casos, convirtiéndose la habilidad del piloto lo único que puede salvar la situación, por lo que creemos que se debe tipificar éste acto como intento de asesinato como lo han sugerido en su momento otros especialistas en la materia”. Dijo Hernández.

Hernández Paz, felicita al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil y al Instituto Dominicano de Aviación Civil, por su pronta respuesta a éstos sucesos, los cuales, “no se puede permitir que se repitan por la seguridad de la aviación en República Dominicana”.

CIDH: ¿un Estado supranacional?

9 Feb
Como los huracanes, que cada año amenazan la región del Caribe, así podemos esperar los informes que prepara para los países de la región, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ocasiones, y eso les desata resistencias en los países miembros, la CIDH se olvida de lo que es soberanía.
Ser miembro de un organismo obliga a jugar sus reglas, pero esas reglas, no deberían competir con el funcionamiento interno de un Estado Libre y Soberano.
En los asuntos de inmiración y emigración,cada Estado tiene sus leyes, sus costumbres, su cultura y su aparato jurídico. Si lo tuvieran, el mundo fuera un caos, con la circulación de personas sin control.
Asimismo,cada país adopta la libertad de escoger qué tipo de inmigración acepta, y cuál regula o impide que entre a su territorio. Todos lo hacen. Los Estados Unidos es un ejemplo de control de inmigración.
Pero la CIDH hace tiempo se la ha traido con la República Dominicana, porque a fuerza de desconocer las leyes internas, las sentencias de los tribunales competentes, la CIDH quiere que el Estado dominicano renuncie a los “efectos jurídicos”  de las sentencias del Tribunal Constitucional, para que República Dominicana acepte como nativos a hijos de extranjeros, entre ellos haitianos.
Este organismo desde 1999 está en esa insistencia, pasan los años e mantiene su reclamo, que sean declarados como dominicanos haitianos y descendientes.
Pero el papel “supranacional de los jueces de la CIDH, que dieron a conocer el último informe sobre los derechos humanos en la República Dominicana, reclamando que el Estado renuncie a sus sentencias de regulación de la nacionalidad y de extranjería, entre ellos Margarette May Macaulay (Jamaica), ha ocurrido con otros países de la región, entre ellos Costa Rica.
En Costa Rica, Macaulay, y  Diego García Sayán, Presidente; (Perú),Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente; (Costa Rica),Leonardo A Franco (Argentina),Alberto Pérez Pérez (Uruguay), 

Rhadys Abreu Blondet (República Dominicana), Eduardo Vio Grossi (Chile) de la  CIDH  ” a través del voto de esos Jueces pretenden obligar a legalizar la Fecundación In Vitro (FIV), a pesar de que el Congreso soberano de esa nación determinó por mayoría de votos no autorizar ese tipo de “técnicas de reproducción humana asistida” por considerar que se violenta el derecho a la vida desde su inicio en la concepción.


El Instituto Solidaridad y Derechos Humanos (ISDEH) decidió “romper fuegos”  ante el inminente peligro que se cierne sobre el respeto a la vida del concebido en Latinoamérica. Hace algunos días dicha Institución denunció ante la ONU que tres jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pretenden violentar los principios y fundamentos de esa institución que es garante de la justicia interamericana, con un fallo basado en la  ideología de género.
En un documento suscrito por el Instituto Solidaridad y Derechos Humanos, que preside el abogado Reynaldo Bustamante, entregado en el marco de los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se señala que los referidos jueces miembros de la CIDH han hecho expresiones y emitido juicios que pone en entredicho su imparcialidad al analizar y resolver el caso de Costa Rica y la Reproducción Humana, ya que los tres se muestran contrarios a la defensa de la vida y contrarios a los principios rectores de la Corte y de los Tratados Internacionales que involucran a las naciones de la región, como lo es el propio Pacto de San José, que establece claramente que todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento en que es concebido.

Si bien tales planteamientos no son una posición legal, ni por asomo, sí muestran los prejuicios personales que tienen esos jueces de la Corte IDH en cuanto al derecho a la vida del no nacido, señala el documento entregado hoy aqui a la prensa mexicana.

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CIDH publica informe sobre la situación de derechos humanos en República Dominicana

9 de febrero de 2016

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el “Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la República Dominicana”, el cual analiza la situación del derecho a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y la no discriminación, así como también las violaciones a los derechos humanos generadas por la sentencia 168/13, del Tribunal Constitucional, así como las medidas implementadas con posterioridad por el Estado dominicano, tales como la Ley 169/14 y el Plan Nacional de Regularización de Migrantes.

El informe se enfoca particularmente en la grave situación en que se encuentran las personas nacidas en territorio dominicano de ascendencia haitiana o las personas percibidas como tales en República Dominicana, especialmente luego de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional. A partir de la mencionada sentencia el Tribunal reinterpretó de manera retroactiva el alcance que había tenido el principio de jus soli desde la Constitución de 1929. El criterio adoptado por el Tribunal Constitucional afectó desproporcionalmente a las personas de ascendencia haitiana  y conllevó a que de forma retroactiva se privase de su nacionalidad a personas que antes eran dominicanas, y quedasen en situación de apatridia.

En las últimas décadas, la Junta Central Electoral se negaba a registrar el nacimiento de un gran número de personas nacidas en la República Dominicana. También fue una práctica extendida que se les negara la entrega de documentos de identidad. Estas personas eran luego deportadas arbitrariamente y había expulsiones colectivas. Incluso personas a quienes el Estado dominicano les había reconocido su nacionalidad dominicana, a quienes les había expedido actas de nacimiento, cédulas de identidad y pasaportes, eran expulsadas del país. Fue en este contexto que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168/13, avanzando en el proceso de desnacionalización que venía siendo llevado a cabo durante décadas a través de prácticas y actos administrativos de la Junta Central Electoral de República Dominicana.

“Esta situación se enmarca dentro de la discriminación histórica que en diversas esferas enfrentan las personas dominicanas de ascendencia haitiana”, dijo la Relatora sobre los Derechos de las Personas Afro-Descendientes, Comisionada Margarette May Macaulay. “Esta discriminación histórica se manifiesta en políticas, leyes, sentencias y prácticas tendientes a privarles de su derecho a la nacionalidad dominicana sobre la base de criterios tales como el color de piel, el origen nacional de sus padres o ascendientes, los apellidos o la capacidad lingüística. Esto constituye una  violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación y conlleva a la violación de otros derechos”, indicó. Durante la visita, la CIDH constató las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven los habitantes de los bateyes, que son inmigrantes haitianos y dominicanos descendientes de personas haitianas.

Por su parte, la Relatora de la CIDH para República Dominicana, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, indicó: “La falta de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas afectadas las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos humanos. Esta sentencia ha causado la desnacionalización retroactiva de cientos de miles de personas, negándoles la facultad de tener derechos”.
A su vez, el Relator sobre los Derechos de los Migrantes, bajo cuyo mandato se incluyen los derechos de las personas apátridas, Comisionado Enrique Gil Botero, señaló: “La situación de apatridia generada por la sentencia 168/13 y que aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de una magnitud nunca antes vista en América.”

El informe analiza asimismo las acciones que el Estado dominicano ha implementado para responder a las consecuencias de la sentencia 168/13, en particular la Ley 169-14. La Comisión rechaza los fundamentos que subyacen a dicha ley, pero reconoce la importancia práctica del procedimiento para restituir la nacionalidad dominicana a las personas que habían sido registradas, pero que luego habían perdido retroactivamente su nacionalidad debido a la sentencia. A pesar de ello, el informe rechaza que “personas nacidas en territorio dominicano y que de conformidad con la legislación dominicana les correspondía la nacionalidad dominicana, sean tratadas como extranjeras” y aún no se cuente con un mecanismo que les restituya plenamente su nacionalidad a ellos y sus descendientes.

Por último, la CIDH expresa su preocupación ante los niveles de violencia que se generaron como resultado del incremento de la intolerancia y los discursos racistas en República Dominicana, así como por las amenazas públicas y actos de agresión contra personas que criticaron públicamente la sentencia 168/13.

Entre las recomendaciones del informe, la Comisión insta al Estado dominicano a adoptar las medidas necesarias para evitar que la sentencia 168/13 continúe produciendo efectos jurídicos y a restaurar plenamente el derecho a la nacionalidad de todas las personas afectadas por dicha sentencia. Asimismo, el Estado debe dejar sin efecto las disposiciones de la Ley 169-14 que se basan en considerar extranjeras a personas nacidas en territorio dominicano que son hijas de extranjeros en situación irregular, nacidas cuando aún se aplicaba el principio de jus soli en República Dominicana. Esto resulta indispensable ya que la ley actual implica una privación retroactiva de la nacionalidad. La CIDH urge asimismo a poner fin a las prácticas tendientes a negar la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio en razón del origen de sus padres o ascendientes, o de la situación migratoria de sus padres.

La Comisión Interamericana reitera su compromiso de colaborar con el Estado dominicano en la búsqueda de soluciones a los problemas identificados, y a aplicar las recomendaciones del presente informe, formuladas con un espíritu constructivo y de cooperación. La CIDH está a disposición del Estado para, dentro del marco de su mandato y funciones, colaborar con República Dominicana en asegurar que el marco jurídico nacional y su aplicación por las autoridades dominicanas garanticen el goce efectivo de los derechos humanos de todas las personas, de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

La Comisión agradece al Gobierno del Presidente Danilo Medina y al pueblo dominicano todas las facilidades brindadas para la realización de esta visita. En particular, la CIDH valora y agradece el apoyo de autoridades de Gobierno, personas afectadas, y organizaciones de la sociedad civil, así como la información suministrada antes, durante, y con posterioridad a la visita. La CIDH lamenta la decisión del Tribunal Constitucional de negarse a reunirse con la Comisión durante la visita. Finalmente, la Comisión valora y agradece a las 3.342 personas que se acercaron a presentar testimonios, denuncias, y comunicaciones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Prisión domiciliaria: complicidad privilegios e impunidad

9 Feb

Los abuelos nos tienen acostumbrados a escuchar su sabiduría y experiencia a través de los llamados “refranes”, con los que intentan advertirnos o darnos consejos para que enderecemos nuestras sendas. Y son atendibles. Recuerdo uno de ellos que cabe para este tema: “Algo huele mal en Dinamarca”. Con ese, se intenta, según nuestra interpretación, decirnos que algo está mal en algún sitio.

El caso de que usemos este refrán es para pasarle aunque sea superficialmente, porque es difíocil llegar al fondo, a lo que está pasando en el sistema judicial dominicano y algunos jueces.

Hace tiempo que la sociedad desconfía de la justicia dominicana, y de los jueces. Por su accionar, el aparato judicial dominicano, cada vez más nos da motivos para desconfiar, y nos da a demostrar que en lugar de avanzar, retrocede.

En el ámbito judicial, no solo se ha enquistado la posibilidad del delincuente de salir beneficiado con la impunidad, sino de evitar ser debidamente juzgado y pagar por su delito o imputaciones derivado del papel que cada cual juegue en la sociedad, desde su posición, ya sea ésta pública o privada y que haya violentado las reglas legales.

FESTIVAL DE PRISIONES DOMICILIARIAS
La Justicia nos tenía hastiados antes, con la fiesta de “no ha lugar“, o no tiene “suficientes méritos”, o no tiene “pruebas suficientes”, como una forma de beneficiar a un imputado, adinerado, naturalmente. Muchos culpables deberán estar andando en las calles, burlándose de la justicia y de la sociedad, porque los jueces, no encontraron motivos convincentes para llegar a un juicio de fondo.
El Ministerio Público, también estuvo contribuyendo con la impunidad de culpables, porque también se pudo de moda, la elaboración de expedientes acusatorios débiles, a propósito, a sabiendas de que los jueces iban a entrar en el juego para liberar a imputados.
Pues resulta que ahora, se ha puesto de moda la prisión domiciliaria, de tal forma, que ha llamado la atención del Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quien las ha protestado.
El primer caso que despertó la preocupación del Ministerio Público que representa Domínguez Brito, fue la variación de la medida de coersión en favor de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación y soborno, que un juez, magistrado Antonio Sánchez, juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,les favoreció cambiándole por prisión domiciliaria su encarcelamiento.
Pero esta misma semana, ya tenemos el uso de este “precedente” que van estableciendo los jueces cuando el Procurador califica de imprudente y preocupante, la variación de la medida de coerción que favorece a Pascual Cordero Martínez, también conocido como “El Chino”, con prisión domiciliaria. La variación que permitiría al imputado irse a la casa esperar el llamado deljuez fue decidida por  la jueza Pilar Rufino del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Por suerte, Domínguez Brito está en la disposición de jugar su papel ante este festival de privilegios en la judicatura nacional y ha anunciado que apelará todos los casos.
¿Qué opina el Procurador sobre esto?. Veamos:
“Existe un Código Procesal Penal, que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero, lamentablemente, cada día crece el número casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y desenredados de la fortuna; y otra para los ricos, narcos y corruptos”.

Pero el procurador agrega que esta variación de la medida de coersión se hizo “sin razón justificada alguna, pues esta, en todas las legislaciones está prevista para “casos especiales”, básicamente humanitarios”.

El procurador general Domínguez Brito insistió en que el sistema sigue necesitando reformas y el cese de la complicidad dentro de sistema de justicia.

Pero hay algo tanto peor,  la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, expresó que los precedentes de ese tipo de medida están en el caso del alcalde de La Romana, y que lo mismo siguió con el caso del síndico de las Terrenas, y más recientemente con el fiscal Isidro Vázquez y ahora con el ex- consejero del Poder judicial y la jueza confesa.


“Podemos ver que este tipo de accionar se está convirtiendo en la salida salomónica de los jueces para favorecer a los corruptos favoritos y no podemos seguir así”, afirmó Laura Guerrero.

Los funcionarios lamentaron que la impunidad siga buscando nuevas formas, “vistiéndose ahora de arresto domiciliario”.


Una cumbre del Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial decidió celebrar una “Cumbre Judicial Nacional” a los fines de escuchar propuestas para mejorar la administración de justicia.

“Esta constituye una decisión muy oportuna, porque es seguro que unidos podremos analizar y evaluar los avances y las debilidades que afectan al sistema, y en ese orden, aportar soluciones que nos permitan desempeñar mejor nuestro rol y responder de manera más efectiva a los requerimientos de la sociedad”, manifestó el Procurador General.

Destacó la voluntad del presidente del Consejo de Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, en el sentido de aunar esfuerzos en conjunto con la participación de los miembros del sistema y de la sociedad civil, lo cual, destacó permitirá implantar un sistema más fuerte y confiable.

“Es un tema que debe ser de prioridad y compromiso en nuestras agendas, porque de todo es conocido que aunque se ha avanzado mucho en nuestro sistema de justicia, hay asuntos pendientes por resolver, para poder afianzar el desempeño y adecuarlo correctamente a lo que deben ser sus funciones”, manifestó el máximo representante del Ministerio Público.

El procurador Domínguez Brito también resaltó los esfuerzos del Ministerio Público para aportar al desarrollo del sistema, al tiempo de manifestar la disposición de contribuir en todo cuanto sea necesario para mejorar el desempeño judicial y poder ofrecer al país un servicio más transparente, que garantice que en cada caso haya justicia y que permita un verdadero cambio para combatir la impunidad.

Dijo que las recientes dificultades que se han suscitado a lo interno del sistema constituyen una clara evidencia que obliga a un cambio de actitud, a que se entienda que la Ley es igual para todos y todas, y que no se haga jurisprudencia especial para casos de corrupción, que se entienda que el que se equivocó se equivocó y que tiene que responder por sus hechos.

“Hay que vencer los obstáculos y trabajar unidos por un régimen de consecuencias, donde pague el más grande y no sólo el más pequeño”, enfatizó.

Sostuvo que es un gran reto que tienen por delante, sin embargo, dijo que las dificultades se están enfrentando con seriedad y que se hacen grandes esfuerzos para establecer un mejor sistema, “lo que nos llena de optimismo y esperanza”.

¿Confianza, amor, compartir la contraseña?

9 Feb
Por Andrew Johnson 
División de Protección del Consumidor y Negocios
Una buena manera de evitar que los piratas informáticos y los ladrones de identidad accedan a tus cuentas es crear una contraseña sólida. ¿Pero qué sucede si la compartes con una persona conocida?
Muchos adolescentes y adultos jóvenes les están dando las contraseñas a sus amigos o seres queridos como una muestra de confianza o amor. Después de todo, compartir es demostrar cariño, ¿cierto? Pero lo que podría parecer un hito en una relación puede resultar una decisión muy perjudicial.
Piénsalo bien.

Computadora con un candado de seguridad

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Ray Mabus,en la República Dominicana

9 Feb

Es un hombre “enigmático” y que despierta temores. Es Ray Mabus, secretario de la Armada de los Estados Unidos,de visita en el Palacio Nacional, donde fue a “saludar” al presidente dominicano, Danilo Medina.
Los “conspiranoicos”, le atribuyen estar encuadrado entre las profesías de Michael Nostradamus para papeles incómodos para la humanidad; algunos más atrevidos han llegado a llamarle “el Anticristo”. Y También se sospecha del presidente Barack Obama, cuyo nombre en traducción da como resultado el “Mabus” que menciona Nostradamus.
El gobierno dominicano envió la noticia de la visita de Mabus, pero solo se limitó a decir la cordialidad de la visita y que el presidente Medina trató con él asuntos de interés para República Dominicana y Estados Unidos.
Mabus vino a República Dominicana acompañado de la subsecretaria de la Armada de Estados Unidos, Meredith Berger; la directora de política internacional Anne Gebhards; el asistente Militar del Secretario, Robert Smith y el agregado de Defensa de la Embajada, Jeffrey Opsitos.
Mabus fue el gobernador de Mississippi y ex embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita durante el gobierno de Clinton. Mabus es Secretario de la Armada de los Estados Unidos desde 2009.
Su apellido le viene de su padre, Raymond Mabús, pero, coincidencia o no, Nostradamus  menciona en sus profesía a un “Mabus”, no se sabe si es un nombre clave o es el hombre destinado para ser el “Anticristo” del que habló el vidente, desde el siglo 16.
Nostradamus menciona en sus profesías a un “Mabus”,el que tras su muerte, desataría una ruina horrible para la gente y la gente, ” a la vez que no verá venganzaCien poderes, la sed, el hambre, cuando pasará el cometa, escribió Nostramus en la cuarteta año  (1555).
Nostradamus señala a tres candidatos para ser el “Anticristo” y “Mabus” es el tercero, el primero: “PAUNAYLORON”, y el segundo “Hister”.

LA VISITA

Si algo llama la atención acerca de esta visita,aunque puede ser coincidencia también, es que en Haití hay una inestabilidad política incierta, donde al fracasar el proceso electoral, y las elecciones, debieron ser suspedidas, no se ha podido formar gobierno conforme a la Constitución.
El prresidente Michell Martelly, cumplió su período constitucional el pasado domingo7 de febrero y debió dejar el gobierno.
Con la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA),se negociaba la formación de un gobierno provisional que luego deberá llamar a nuevas elecciones.
Mientras, la vida política en Haití se debate entre negociaciones y el establecimiento de un gobierno provisional y organización de futuros comicios.
Mabú es un funcionario responsable de asegurarse estabilidad en los alrededores de los Estados Unidos, y Haití está próximo a Miami, lugar donde acuden los haitianos en tiempos de relativa paz y con mayor razón cuando hay turbulencia política e inestabilidad.
Una guerra civil, en Haití, desataría un éxodo forzado de los haitianos que puedan salir rumbo a Miami. El otro destino, al que los refugiados de una hipotética guerra civil correrán será hacia territorio dominicano.

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