Prisión domiciliaria: complicidad privilegios e impunidad

9 Feb

Los abuelos nos tienen acostumbrados a escuchar su sabiduría y experiencia a través de los llamados “refranes”, con los que intentan advertirnos o darnos consejos para que enderecemos nuestras sendas. Y son atendibles. Recuerdo uno de ellos que cabe para este tema: “Algo huele mal en Dinamarca”. Con ese, se intenta, según nuestra interpretación, decirnos que algo está mal en algún sitio.

El caso de que usemos este refrán es para pasarle aunque sea superficialmente, porque es difíocil llegar al fondo, a lo que está pasando en el sistema judicial dominicano y algunos jueces.

Hace tiempo que la sociedad desconfía de la justicia dominicana, y de los jueces. Por su accionar, el aparato judicial dominicano, cada vez más nos da motivos para desconfiar, y nos da a demostrar que en lugar de avanzar, retrocede.

En el ámbito judicial, no solo se ha enquistado la posibilidad del delincuente de salir beneficiado con la impunidad, sino de evitar ser debidamente juzgado y pagar por su delito o imputaciones derivado del papel que cada cual juegue en la sociedad, desde su posición, ya sea ésta pública o privada y que haya violentado las reglas legales.

FESTIVAL DE PRISIONES DOMICILIARIAS
La Justicia nos tenía hastiados antes, con la fiesta de “no ha lugar“, o no tiene “suficientes méritos”, o no tiene “pruebas suficientes”, como una forma de beneficiar a un imputado, adinerado, naturalmente. Muchos culpables deberán estar andando en las calles, burlándose de la justicia y de la sociedad, porque los jueces, no encontraron motivos convincentes para llegar a un juicio de fondo.
El Ministerio Público, también estuvo contribuyendo con la impunidad de culpables, porque también se pudo de moda, la elaboración de expedientes acusatorios débiles, a propósito, a sabiendas de que los jueces iban a entrar en el juego para liberar a imputados.
Pues resulta que ahora, se ha puesto de moda la prisión domiciliaria, de tal forma, que ha llamado la atención del Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito, quien las ha protestado.
El primer caso que despertó la preocupación del Ministerio Público que representa Domínguez Brito, fue la variación de la medida de coersión en favor de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, acusados de prevaricación y soborno, que un juez, magistrado Antonio Sánchez, juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,les favoreció cambiándole por prisión domiciliaria su encarcelamiento.
Pero esta misma semana, ya tenemos el uso de este “precedente” que van estableciendo los jueces cuando el Procurador califica de imprudente y preocupante, la variación de la medida de coerción que favorece a Pascual Cordero Martínez, también conocido como “El Chino”, con prisión domiciliaria. La variación que permitiría al imputado irse a la casa esperar el llamado deljuez fue decidida por  la jueza Pilar Rufino del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Por suerte, Domínguez Brito está en la disposición de jugar su papel ante este festival de privilegios en la judicatura nacional y ha anunciado que apelará todos los casos.
¿Qué opina el Procurador sobre esto?. Veamos:
“Existe un Código Procesal Penal, que habla de igualdad ante la ley, imparcialidad e independencia, pero, lamentablemente, cada día crece el número casos para los cuales existen dos interpretaciones: una para los pobres y desenredados de la fortuna; y otra para los ricos, narcos y corruptos”.

Pero el procurador agrega que esta variación de la medida de coersión se hizo “sin razón justificada alguna, pues esta, en todas las legislaciones está prevista para “casos especiales”, básicamente humanitarios”.

El procurador general Domínguez Brito insistió en que el sistema sigue necesitando reformas y el cese de la complicidad dentro de sistema de justicia.

Pero hay algo tanto peor,  la titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, expresó que los precedentes de ese tipo de medida están en el caso del alcalde de La Romana, y que lo mismo siguió con el caso del síndico de las Terrenas, y más recientemente con el fiscal Isidro Vázquez y ahora con el ex- consejero del Poder judicial y la jueza confesa.


“Podemos ver que este tipo de accionar se está convirtiendo en la salida salomónica de los jueces para favorecer a los corruptos favoritos y no podemos seguir así”, afirmó Laura Guerrero.

Los funcionarios lamentaron que la impunidad siga buscando nuevas formas, “vistiéndose ahora de arresto domiciliario”.


Una cumbre del Poder Judicial

El Consejo del Poder Judicial decidió celebrar una “Cumbre Judicial Nacional” a los fines de escuchar propuestas para mejorar la administración de justicia.

“Esta constituye una decisión muy oportuna, porque es seguro que unidos podremos analizar y evaluar los avances y las debilidades que afectan al sistema, y en ese orden, aportar soluciones que nos permitan desempeñar mejor nuestro rol y responder de manera más efectiva a los requerimientos de la sociedad”, manifestó el Procurador General.

Destacó la voluntad del presidente del Consejo de Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, en el sentido de aunar esfuerzos en conjunto con la participación de los miembros del sistema y de la sociedad civil, lo cual, destacó permitirá implantar un sistema más fuerte y confiable.

“Es un tema que debe ser de prioridad y compromiso en nuestras agendas, porque de todo es conocido que aunque se ha avanzado mucho en nuestro sistema de justicia, hay asuntos pendientes por resolver, para poder afianzar el desempeño y adecuarlo correctamente a lo que deben ser sus funciones”, manifestó el máximo representante del Ministerio Público.

El procurador Domínguez Brito también resaltó los esfuerzos del Ministerio Público para aportar al desarrollo del sistema, al tiempo de manifestar la disposición de contribuir en todo cuanto sea necesario para mejorar el desempeño judicial y poder ofrecer al país un servicio más transparente, que garantice que en cada caso haya justicia y que permita un verdadero cambio para combatir la impunidad.

Dijo que las recientes dificultades que se han suscitado a lo interno del sistema constituyen una clara evidencia que obliga a un cambio de actitud, a que se entienda que la Ley es igual para todos y todas, y que no se haga jurisprudencia especial para casos de corrupción, que se entienda que el que se equivocó se equivocó y que tiene que responder por sus hechos.

“Hay que vencer los obstáculos y trabajar unidos por un régimen de consecuencias, donde pague el más grande y no sólo el más pequeño”, enfatizó.

Sostuvo que es un gran reto que tienen por delante, sin embargo, dijo que las dificultades se están enfrentando con seriedad y que se hacen grandes esfuerzos para establecer un mejor sistema, “lo que nos llena de optimismo y esperanza”.

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