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2 Dic

Una intromisión inaceptable
VOLQUEZ2
Manuel Vólquez

Amnistía Internacional recomienda al Estado dominicano aplicar
reformas inmediatas a la Policía Nacional para adecuar al país un
efectivo sistema de represión del crimen organizado y de respeto a los derechos individuales del ciudadano.

Entre esas recomendaciones, plantea que el jefe de la Policía dependa
del Ministerio de Interior y Policía, no del Presidente de la
República, que los ascensos sean por méritos, no por amiguismo, que
cuando hayan muertos por intercambios de disparos, que no sean sólo
los subalternos los sancionados, también quienes dirijan las tropas.

No veo la necesidad de que sea ese organismo el que trace las líneas
al gobierno nuestro sobre el comportamiento que deben asumir los
policías nacionales frente a los peligrosos delincuentes que mantienen
en zozobra a la sociedad. Esa es una intromisión que bajo ninguna
condición se debe aceptar.

Esa institución se ha pasado muchos años lanzando petardos y denuestos
contra la República Dominicana a través de sus interesados informes
sobre supuestos maltratados a los delincuentes, que ese organismo
protege con la continua defensa.

Hay una causa común entre Amnistía Internacional y la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) respecto a la República
Dominicana: luchan afanosa y descaradamente para desmeritar al Estado
dominicano. No pierden la oportunidad de lanzar acusaciones temerarias
contra las autoridades policiales y de migración, pero sin embargo no
dicen nunca nada del comportamiento de los delincuentes que a diario
matan, asaltan y despojan a sus víctimas de valiosos objetos.

Amnistía juega una doble cara, pues mientras sus directivos se reúnen
con el presidente Danilo Medina para entregarle algunas
“recomendaciones”, desarrolla una campaña permanente contra la policía
dominicana y se alía con otras instituciones internacionales para
acusarnos de violadores de los derechos ciudadanos de los haitianos
que residen aquí de manera ilegal.

Esa confabulación se evidencia con las declaraciones del asesor
especial de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, quien afirma que la
condena evacuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) a la República Dominicana por la muerte de seis inmigrantes
haitianos y un dominicano en 2000, “es una vergüenza para el país”.
Además, señala que este fallo pone en evidencia el “fracaso” de la
investigación para esclarecer los hechos y determinar las
responsabilidades.

Como si fuera un gendarme con jurisdicción privilegiada, Amnistía le
recomienda al Gobierno dominicano “acatar el fallo” y efectuar las
reformas necesarias para evitar que se repitan hechos como estos,
quien advirtió que la organización observará “con cuidado” el
comportamiento de las autoridades dominicanas tras este fallo.

Mal pudiéramos dejarnos chantajear de esas dos instituciones. Lo de la
reforma policial es pan comido. Es un tema viejo que ahora vuelve a la
palestra pública y con las buenas intenciones del presidente Danilo
Medina, quien ha expresado su preocupación al respecto, sobre todo por
el mal comportamiento de algunos agentes que han deshonrado con sus
acciones el uniforme gris.

Esa reforma debe acelerarse para bien de la ciudadanía que a diario
reclama más protección de la policía frente a los asaltos, robos y
crímenes perpetrados los delincuentes, hoy favorecidos por las nuevas
normativas procesales. Esa profilaxis a lo interno de la Policía
Nacional debe hacerse sin la intromisión de manos extranjeras
difamadoras, tomando en cuenta algunos indicadores económicos que se
deben corregir inmediatamente, y que inciden mucho en las inconductas
de nuestros agentes.

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